Pueblos indígenas y políticas habitacionales: Un balance de la actuación del Estado venezolano durante el siglo XX.

Alonso J. Morillo1, Elizabeth A. Sáez2, Carmen L. Paz3

[1] Gerencia de Seguimiento y Asistencia a la Presidencia de PDVSA / FAD LUZ.

[2 ]Departamento de Teoría y Práctica de la Arquitectura y Diseño – FAD LUZ.

[3] Laboratorio de Antropología Social y Cultural – FEC LUZ.

Correo electrónico: ajmorillo25@gmail.com, Telf. +5804126164311

 

 

Resumen

En Venezuela, durante el siglo XX, las políticas públicas, en especial las habitacionales, se destacan por su incoherencia y por estar implícitas en otras de mayor impacto sociocultural dentro de un contexto dominado por la cultura criolla, de ahí contrasta el hecho de que las mismas tenían un trasfondo de dominación enmarcadas en la visión paternalista y asistencialista del Estado venezolano. La investigación, se basó en enumerar las políticas en materia de vivienda y hábitat para los pueblos indígenas venezolanos, durante el período de 1901 a 1999. La presente ponencia recoge los resultados preliminares de la primera fase de la investigación “Estudio de Desarrollos Habitacionales concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas habitacionales en Venezuela”, donde se empleó el método de investigación documental basándose en el arqueo biblio-hemerográfico de fuentes oficiales y no oficiales. Como resultado, se obtuvo un esquema analítico de las iniciativas estatales en materia de vivienda y hábitat implementadas en las comunidades indígenas, concluyendo que la sostenida implementación de estas políticas que compulsivamente buscaban la “integración al desarrollo nacional” del indígena, conllevaron a modelos de convivencia muy distintos a sus asentamientos tradicionales, traduciéndose en el cambio cultural y redefinición de los códigos arquitectónicos de sus viviendas.

1. Introducción

Se presenta un esquema analítico de la actuación del Estado venezolano en materia de políticas públicas referidas a vivienda y hábitat para los pueblos indígenas, durante el período de 1901 a 1999. Se consideran los hitos históricos e ideológicos que definieron las políticas habitacionales para este segmento de la población, estableciendo de esta manera, un camino poco explorado en el devenir científico venezolano en materia de políticas públicas, desde donde se trazan nuevos horizontes para la conformación de una importante y poco investigada área de investigación para el desarrollo nacional.

2. Metodología

La presente ponencia es el resultado de la revisión biblio-hemerográfica de fuentes primarias y secundarias oficiales, para compilar datos sobre las políticas de vivienda y hábitat e iniciativas oficiales, implementadas por el Estado durante el siglo XX en las comunidades indígenas venezolanas. Partiendo de formatos técnicos para el levantamiento de los datos, se emplearon dos tipos. El formato Tipo A-2012, el cual consta de 24 items que permiten recopilar información fundamental de las iniciativas estatales en las poblaciones indígenas, a partir de documentos oficiales (memorias de gestión, memorias de congresos, planos, programas, planes, memorias descriptivas, informes técnicos, proyectos, folletos), libros, propagandas oficiales, artículos de opinión y noticias en periódicos, diarios y revistas de circulación local, regional y nacional, revistas especializadas y digitales. El formato Tipo B-2012, consistió en una matriz de compilación para resumir y sistematizar los datos recopilados a partir del formato Tipo A-2012. La investigación tuvo una duración de tres meses partiendo desde abril de 2012, extendiéndose a julio de 2012.

3. Resultados-Discusión

Partiendo de la periodización de las políticas públicas para los indígenas, se considerará el esquema desarrollado por Biord (2009), el cual enumera tres períodos históricos en relación a la actuación del Estado venezolano en esta materia. Durante el siglo XX, se abre un abanico de aciertos y desaciertos, un conjunto de experiencias sistemáticas basadas en una línea asistencialista, con discontinuidades espaciales y temporales que el Estado venezolano intentó hilvanar en “beneficio” a este segmento de la población.

3.1. Período 1901-1947: Nucleamiento de poblados

Durante el período de 1901 a 1915 el país se encontraba subsumido en numerosos alzamientos y “revoluciones”, lo cual anuló el accionar de las políticas desde los gobiernos republicanos que permanecían en el poder político, de ahí que, “…si algo distinguió el marco ambiental de aquella lejana época fue precisamente la inestabilidad política reinante, el evidente atraso institucional y lo deprimente de la situación económica y social del país” (De Chene, 1969:14). Durante esta etapa se dieron varios hitos en la implementación de políticas indígenas. En primer lugar la adhesión de Venezuela a la Convención de Pátzcuaro (1940) y cerrando con la promulgación de la Constitución Nacional de 1947. Para 1911, se asume un tercer hito que marca la historia de la construcción venezolana: la creación de la primera planta de cemento, lo que da inició al proceso de modernización en lo relativo a las obras públicas que abrieron las puertas a la contemporaneidad. Esto significó un cambió del paradigma constructivo vigente desde épocas prehispánicas: la construcción con tierra, y por ende, el descalabro de toda una tradición arquitectónica indígena de vieja data que empleaba los recursos naturales existentes en el entorno para construir las viviendas. El cambio de paradigma se ratificó con la creación de las ordenanzas de 1926, que prohibieron el empleo de cualquier material soluble en agua, quizás por las presiones que venía ejerciendo esa industria desarrollada alrededor del cemento.

A) Los pueblos de misiones contemporáneos

Con la promulgación de la Ley de Misiones (1915) durante el gobierno del General Juan Vicente Gómez (1908-1935), se replican las políticas coloniales en materia de asimilación del indígena, de ahí que se evidencia la restauración de los pueblos de misiones. Esta ley y todo el aparataje que implementaba para lograr los objetivos asimilacionistas, que eran los mismos objetivos concebidos por la Corona durante la Colonia, convino en la firma de contratos de actuación entre misioneros católicos en Caroní, Tucupita, Puerto Ayacucho y Machiques (Biord, 2009:72). Dichas políticas, buscaban reducir la población para así controlar las tierras y los recursos naturales que guardaban. Implícitamente a estas acciones estatales se desarrollaron políticas habitacionales, por cuanto el poblamiento de las zonas era el factor fundamental para alcanzar los objetivos de control para la explotación. Aunque la política de las misiones se desarrolló casi durante todo el siglo XX, fue a finales de la década de los ´40 cuando se empezaron a conformar los poblados de misiones contemporáneos. En la Tabla 1, se resumen estas iniciativas convenidas con el Estado:

Tabla 1. Pueblos surgidos de las misiones contemporáneas

Años Misión Orden Pueblos de Misiones Pueblos Indígenas
1922 / 1967 Caroní Capuchinos Santa Elena de Uairén, Kavanayén, Urimán, Kamarata y Wonkén. Pemón
1925 / 1956 Tucupita Capuchinos Tucupita, Araguaimujo, Guayo, Pedernales, Santa Catalina, Sierra de Imataca y Piacoa. Warao
1937 Puerto Ayacucho Salesianos Coromoto, Mirabal. Guahibo
Mavaca, Platanal, Ocamo. Yanomami
Isla Ratón, Caño Grulla. Piaroa
Tencua. Yek´wana
Puerto Ayacucho. Guahibo / Piaroa
Parhueña. Guahibo / Kurripaco
La Esmeralda Guahibo / Piaroa / Yek´wana
San Juan de Manapiare, San Carlos de Río Negro. Baniva / Baré / Kurripaco
San Fernando de Atabapo. Guahibo / Baniva / Baré
Maroa. Puinave / Baré / Kurripaco
1944 La Guajira Capuchinos Sinamaica, Paraguaipoa. Wayuu
Machiques Capuchinos Machiques, El Tukuko, Shirapta, Toromo, Neremü y Aroy Tinakoa, Casigua el Cubo. Yukpa
Bokshi, Saimadoyi, San José de las Piedras, Campo Rosario, Villa del Rosario. Barí

Fuente: Biord (2009:72), Pueblos Indígenas de Venezuela Nº 1 (2009:78), Paz (2000:73) y http://www.infancia-misionera.com/vicariatos.htm

El caso de los yukpa en la Sierra de Perijá-Zulia, merece especial mención, con la creación durante el gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945) de los centros pilotos bajo el auspicio de la “Campaña Motilona” (Acuña, 1998:19), que a su vez serían los núcleos para controlar las más de 100 comunidades asentadas en el piedemonte a cargo de la orden capuchina. En estos asentamientos las viviendas nucleadas en torno a los servicios religiosos, de salud, educación, electricidad, acueductos entre otros, ratifican la incidencia de la política subyacente de nucleamiento y el cambio de la habitabilidad tradicional, reacomodada a las nuevas condiciones de vida (Pueblos indígenas de Venezuela Nº 9, 2009.65-66). El centro piloto Los Ángeles del Tukuko, el mayor asentamiento indígena yukpa que congrega a 37 comunidades, contó con un internado donde los indígenas fueron obligados a recibir educación secular y religiosa. El poblado paulatinamente fue atrayendo los grupos que poblaron sus adyacencias (Delgado, 2008:34), así había logrado sus objetivos la misión; en la que su dinámica giraría en torno a la influencia sobre las comunidades de los servicios comunales. El particular proceso de reducción de los yukpa, revela la desestructuración cultural de la etnia en el marco del proceso de reducción emprendido por los capuchinos, en lo que denominaron segundo período de misionización que terminó con la pacificación de la zona. Si bien, los centros pilotos lograron nuclear la población, es evidente que se mantuvo alta resistencia a la estabilidad poblacional en las viviendas dispuestas en la comunidad (Acuña, 1998:29). De la misma manera que los yukpa, los ye´kwana de la región del Amazonas, transformaron su sistema económico y social como consecuencia del contacto permanente con los religiosos, reflejando una tendencia a concentrar su población en asentamientos de grandes tamaños, tales son los casos de Asënëña Cacurí en el Alto Ventuari, Akanaña en el Cunucunuma y, La Esmeralda en el Alto Orinoco, que es el centro administrativo y comercial de la región.

B) Pueblos de misiones protestantes

La apertura religiosa puesta en el tapete a raíz de la promulgación de la Ley de Misiones, dio pie para que otras denominaciones religiosas distintas a las católicas jugaran el rol delegado para con los pueblos indígenas. Por ejemplo, se tiene a Maurak, Waramasén, Betania de Wariwantuy, Chirikayén, Kumarakapay y Uroy Uaray constituyen los principales centros poblados pemón seguidores del adventismo (Pueblos Indígenas de Venezuela Nº 1, 2009:78). El establecimiento de estas comunidades, cambió los esquemas tradicionales de los antiguos asentamientos indígenas que hasta entonces solían ser dispersos, el cambio de los nombres tradicionales de los poblados y la desestructuración de los sistemas sociales, económicos y culturales fueron la expresión del impacto sobre la habitabilidad ancestral de las comunidades indígenas (Pueblos Indígenas de Venezuela Nº 1, 2009:83). Sus poblados, como en el caso de Maurak cerca de Santa Elena de Uairén, presenta calles en ángulo recto y casas perfectamente alineadas, y similares en su suntuosidad, pues, es la igualdad el principio que rige la vida de estos indígenas (Farías, 2008:14).

C) Las Nuevas Tribus

Todo el bagaje legal de los siglos anteriores dio pie para el establecimiento de denominaciones religiosas en los territorios indígenas. Así se tiene en el año 1946 durante el gobierno de Rómulo Betancourt (1945-1948), el caso de los yanomami en el estado Amazonas y su penetración por los grupos religiosos de las Misión Nuevas Tribus, la cual es una organización internacional fundada en 1942, dedicada a la conversión al cristianismo de pueblos aislados. Inicialmente se ubicaron en la región del Casiquiare y Río Negro, al sur del país, específicamente en la amazonía venezolana, importante reservorio de biodiversidad vegetal, animal y de agua. De allí se fueron difuminando en todo el territorio del estado Amazonas, la región de Guayana (estado Bolívar) y otras zonas del país. Las comunidades donde actuaron en el país son: Caño Iguana, Marieta, Acanaña, Watamo, Yajanama, La Esmeralda, Caño Tama-Tama, Parima B, Kosholowateri en el estado Amazonas; Vista al Sol, La Tortuga, Salto Maraca, La Bomba, Caño Cucurito, Cosohiba en el estado Bolívar; Chaparralito en el estado Apure; Pepeína en el estado Delta Amacuro. Tama-Tama fue el lugar estratégico de acción de estos grupos religiosos. Entre sus objetivos declarados al Ministerio de Relaciones Interiores estaban: asistencia humanitaria, desarrollo comunitario y alfabetización. Es así que bajo los lineamientos del “desarrollo comunitario”, construyeron aldeas agrícolas con viviendas y talleres artesanales, aserraderos y carpinterías, lo que se tradujo en la sustitución de las casas comunales. Estas aldeas contaron con pistas aéreas y una flota de aviones llamadas “Alas del Socorro”, paneles solares, alumbrado, agua potable almacenada en tanques, radio de comunicaciones, ambulatorio con enfermeros y escuelas con maestros indígenas.

D) Política de reubicación

Para finales de este período, se dan los primeros pasos en una política de sustitución de viviendas, orientada en primer lugar, al saneamiento ambiental de los poblados rurales y consecuentemente a la atención del “problema” de los indígenas que inician complejos procesos de migración hacia los centros urbanos. Dentro de esta modalidad se concibieron propuestas habitacionales cuyas características son fundamentalmente la construcción completa de la vivienda para ser habitada de inmediato. Como ejemplo de esta iniciativa de sustituciones, durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), se tiene a Ziruma (1944-Zulia), el cual constituye el emplazamiento urbano más antiguo y representativo construido para reubicar familias indígenas que habían migrado a los centros urbanos en el país. Constituyó un conjunto residencial que constó de 140 viviendas de un solo ambiente tipología duplex, de cerramientos de bloques de concreto y láminas de zinc, enclaustradas en el área de parcela sin posibilidades de tener un solar o una ampliación, lo que le daba al conjunto una apariencia de asentamiento en hileras muy juntas y regulares (Watson, 1982). Esta propuesta no consideró los criterios de habitabilidad de los wayuu; se implantó un modelo de vivienda criolla en un contexto urbano, donde sus habitantes, sufrieron un proceso de cambio cultural, que puede explicar el porqué las viviendas fueron adquiriendo personalidad propia al pasar del tiempo, como consecuencia de las diversas modificaciones y agregaciones que se le hicieron para adaptarlas a los requerimientos culturales. A decir de Paz (2000:79), “la medida de reubicación se complejizó aun más porque la migración no se detuvo… las condiciones de vida de estas poblaciones eran de extrema miseria y abandono tanto en los barrios como en los poblados… El gobierno no tenía en este sentido una política eficaz para abordar a las comunidades indígenas urbanas”. Esta iniciativa habitacional se enmarca en la tendencia de instrumentar propuestas habitacionales para los indígenas, sin consultarlas y sin hacer visible sus diversidades culturales en los recintos construidos.

3.2. Período 1947-1989: Indigenismo y desarrollismo

Durante esta etapa se dieron tres hitos importantes en la implementación de políticas indígenas; se funda el Indigenismo de Estado y se delega la actuación estatal en esta materia en Instituciones creadas para ese fin, por otro lado, se crea la Comisión Indigenista (1947) bajo el espíritu asistencialista hacia los pueblos indígenas, con la idea que son los propios indígenas los encargados de ejecutar y formular las políticas públicas (Biord, 2009:65). De este período es pionera la política de sustitución del rancho indígena por una vivienda rural, considerada por los entes gubernamentales como una vivienda sana, ya que eliminaba la construcción con bahareque que caracterizaba las viviendas indígenas venezolanas para la época, donde prolifera el chipo (Rhodinius prolixus) vector del mal de Chagas; de ahí que, el Programa Nacional de Vivienda Rural tuvo vigencia durante todo este período.

A) El Programa Nacional de Vivienda Rural

Durante el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), se diseña e implementa bajo el auspicio de la Comisión Nacional de Vivienda Rural que estaba integrada por diversos organismos nacionales: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), el Instituto Agrario Nacional (IAN), el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS); y otros, entre los cuales no se encontraba ninguna organización indígena (Acuña, 1998:80). Este programa estableció un diseño de vivienda ajeno a las formas de vida de las comunidades, construidas en diversidades de zonas climáticas: el llano, la montaña, la costa, la selva nublada, el piedemonte y la ciudad. (Feliciangeli, 2009:394). Hoy día, puede observarse los resultados de esta política, en el caso de los pemón del estado Bolívar, que vivieron medio siglo de sustitución progresiva de las tukuchipán, o la vivienda tradicional. Las aldeas Kumarakapay, Maurak y Manak Krü, algunas de las más pobladas, son en apariencia urbanizaciones de casas rurales, de paredes de bloques y techos de asbesto, un material que por motivos sanitarios fue sustituido por acerolit o tejas de concreto (Pueblos Indígenas de Venezuela Nº 1, 2009:83). Esta política promovió el nucleamiento de los asentamientos indígenas, implicando la construcción en masa de viviendas rurales. Otro pueblo indígena venezolano que fue objeto de este tratamiento fue el kari´ña, que para el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974 y 1979), fueron construidas las viviendas rurales de Kashaama, en el municipio Freites, estado Anzoátegui. Este poblado se erigió siguiendo las tendencias de construir viviendas en hileras con claros referentes criollos, en la actualidad, alberga unas mil personas destacando la multiculturalidad cultural de criollos, indígenas y afrodescendientes, expresando una configuración urbana híbrida donde las familias originales fueron ampliando sus viviendas, incorporándole en algunos casos formas arquitectónicas derivadas de sus recintos tradicionales. Otro poblado kari´ña que destaca bajo este enfoque es Camurita, al sur del Orinoco, en el estado Bolívar, que consta de 60 casas, en las que viven unas 400 personas, dedicadas a la agricultura (Pueblos Indígenas de Venezuela Nº 4, 2009:95).

B) Políticas desarrollistas: el Cierre del Caño Mánamo

En otro orden de ideas, durante el período correspondiente al gobierno de Raúl Leoni (1965-1969), la empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), ejecutó el proyecto de construcción de un muro de contención y compuertas para impedir la salida natural de las aguas, así mismo, la construcción de la carretera hacia el poblado de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, que conllevó al eventual cierre del caño Mánamo, que para entonces constituía un afluente primordial para la navegación y alimentación del pueblo warao. La solución estatal que hizo frente a la problemática, creó las condiciones idóneas para la pérdida de la esencia cultural warao, en la que las familias afectadas fueron trasladadas a viviendas rurales construidas desde la visión criolla: casas unifamiliares de bloques y techos de zinc, divididas por calles, con el típico núcleo de la escuela, ambulatorio y área de conuco (Pueblos Indígenas de Venezuela Nº 16, 2009:90).

3.3. Período 1989-2000: políticas de transición

Para finales del siglo XX, asistimos a la conformación de los procesos organizativos de las comunidades indígenas alrededor de los Consejos y Federaciones indígenas que tomaron auge luego de la crisis del Indigenismo a finales de los años ´80 (Biord, 2009:91). Esta etapa desemboca con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999 y el período posterior donde empiezan a tomar forma los postulados constitucionales del respeto a la diferenciación cultural de los pueblos y comunidades indígenas del país. A pesar que durante este período se innova en el tratamiento de las políticas habitacionales indígenas, se siguen implementando iniciativas que se traían desde los períodos anteriores, tal es el caso del programa de sustitución del rancho por una vivienda de material y la construcción de las Aldeas Rurales. Sin embargo, se pueden apreciar líneas de acción enmarcadas en la ecología, la sustentabilidad, el desarrollo endógeno y el desarrollo comunal como política reivindicativa de los indígenas con su hábitat.

A) Programas Fronterizos

Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) se reinstala el Consejo Nacional de Fronteras (CNF), definido como un organismo de consulta y asesoramiento permanente del poder público nacional. La política principal del CNF es el “Programa de Desarrollo y Consolidación de Ciudades y Subregiones Fronterizas”, que plantea la integración física como la base de sustentabilidad del desarrollo fronterizo (Rodríguez y Colomine, 2004:40). De este plan de poblamiento y desarrollo económico-social se erigen conjuntos residenciales como el de Aldea Cojoro, concebido para los indígenas wayuu de La Guajira venezolana (municipio Páez, estado Zulia), donde no se consideraron los códigos propios destinando el mismo a constituirse en un poblado deshabitado, utilizado como residencia itinerante de sus pobladores, que habían emigrado a la ciudad de Maracaibo (Rodríguez, 1998:47-48; Perozo, 2005). En la actualidad, “…unas 74 familias viven en Aldea Cojoro… Algunas familias wayuu se rehusaron a vivir allí; porque necesitaban un patio más amplio para seguir criando animales, como chivos, ovejas y vacas” (Hernández, 2005:13), así mismo, algunas de estas viviendas se han modificado en virtud de las necesidades de sus pobladores, observándose las enramadas y los corrales que permiten el mantenimiento del sistema económico de subsistencia de cría de ganado (Hernández, 2005:13). En las últimas décadas del siglo XX, los distintos gobiernos intentaron adelantar programas de desarrollo económico y sociocultural en las zonas indígenas del país, que en muchos casos dieron pocos resultados, siendo estas iniciativas abandonadas posteriormente. El fracaso es explicable por la poca participación indígena en la planificación y ejecución de estos proyectos (Pueblos Indígenas de Venezuela Nº 16, 2009:15).

B) Políticas de transición

Del recorrido sobre las políticas habitacionales contemporáneas se determinan dos posturas: por un lado, el tradicionalismo excesivo que busca el rescate y el mantenimiento de la cultura, y por otro, el paternalismo estatal matizado de asistencialismo también denominado neopaternalismo, herencia del imaginario que considera a los indígenas como “menores de edad”. Sobre el primer aspecto, destacan los grupos que reiteran en los espacios académicos, medios de comunicación públicos y privados u otra forma de difusión, que los indígenas están en extinción y que su cultura ha de ser rescatada y mantenida lejos de las influencias de la sociedad hegemónica criolla. En las diferentes instituciones gubernamentales nacionales, regionales y municipales, la tendencia de las personas sensibilizadas hacia el tema de la vivienda indígena, es a mantener la cultura reproduciendo en los contextos habitados por indígenas, las configuraciones rurales de sus viviendas, sin considerar que la cultura es cambiante y se acomoda buscando siempre configuraciones ideales y actualizadas. Para ilustrar esta forma de tratar el asunto de la vivienda indígena, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se tiene el proyecto de viviendas para los wayuu, en la localidad de Las Pitias (1990), en Sinamaica, municipio Páez, que a través de un prototipo diseñado desde el SAVIR, se construyó una docena de viviendas que sugerían el patrón de distribución funcional de las viviendas tradicionales de esta etnia. En estos recintos las familias transformaron la configuración original de la vivienda, agregándole elementos que desde la situación de interrelación intercultural han adoptado desde las otras culturas con las que conviven.

4. Conclusiones preliminares

a)     Se evidenciaron reminiscencias de la colonización europea en el tratamiento de la cuestión indígena, en el sentido de emplear a los religiosos para “civilizar” al indígena. La diferencia radica en que se aperturó la delegación de la reducción indígena en manos de múltiples denominaciones religiosas: católicas y protestantes.

b)     Se determinaron tres períodos diferenciados temporalmente, aunque en la praxis ideológicamente indican similitudes en los postulados de atención a las particularidades indígenas: asistencialismo y neopaternalismo.

c)      Los programas de atención al campesino, que incluía subyacentemente a la población indígena netamente asentada en áreas rurales, atenderían la realidad  reinante durante las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, fue una propuesta de largo aliento vigente ideológicamente hasta hoy día, siendo su contraparte actual el programa de sustitución de rancho por vivienda y el nucleamiento de los poblados. De ahí que, el marcado occidentalismo de las propuestas habitacionales concebidas e implementadas para los indígenas, es definido por las presiones que hace la sociedad mayoritaria sobre las minorías culturales del país.

d)     El período desarrollista que abarcó las décadas posteriores a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, así mismo el desarrollo de la explotación minera y petrolera en nuestro país, definió en cierto modo las políticas públicas hacia las zonas fronterizas que históricamente han sido habitadas por los pueblos indígenas, observándose actuaciones que impactaron negativamente sus hábitats.

Agradecimientos

Carlos Morles y Noelis Moreno (UCV), Lcdo. Luís Fernando Herrera (URBE), Ing. Lorena Medina (ULA).

Referencias bibliográficas

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