PUEBLOS AMERINDIOS Y POLÍTICAS HABITACIONALES EN VENEZUELA

“El Estado conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, elaborará y ejecutará los planes de desarrollo habitacional indígena en sus tierras, a fin de preservar los elementos de diseño, distribución del espacio y materiales de construcción de la vivienda indígena, considerándola como parte de su patrimonio cultural”

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. De los desarrollos habitacionales. Art. 83

 

Presentación

Cambio de paradigma en la cuestión indígena

Un modelo de análisis de las políticas públicas habitacionales

A manera de cierre

Referencias bibliográficas

PRESENTACIÓN

En las siguientes líneas se realiza un bosquejo de las perspectivas actuales que en materia de políticas públicas para los pueblos y comunidades indígenas se tienen en nuestro país, en el marco de la vigencia dela Constitucióndela RepúblicaBolivarianade Venezuela y la ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que define claramente el asunto de la vivienda para los indígenas como un derecho fundamental, siempre y cuando sea tratado bajo los parámetros participativos que garantice la preservación de las configuraciones arquitectónicas tradicionales.

Como un aporte al debate que en esta materia se está realizando en la actualidad, se pretende que estas reflexiones desde este espacio sean los elementos iniciales para abrir el debate que ya en varios países de Nuestra América se han venido trabajando, tal es el caso de México, Chile, y otros. Además, que sea un punto de inicio de la investigación “Estudio de desarrollos habitacionales concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas habitacionales en Venezuela”, la cual está siendo financiada por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y está por iniciar y el autor de este artículo es coordinador.

A manera de introducción al proyecto de investigación arriba mencionado, se publica este documento que llama a la reflexión sobre la trascendencia del tema, en los ámbitos académicos, institucionales e indígenas que estudian la cuestión indígena, a fin de promover una praxis dialéctica para realizar aportes significativos para la construcción de políticas públicas habitacionales asertivas para los indígenas.

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA CUESTIÓN INDÍGENA.

Las sociedades indígenas americanas han vivido tres períodos sociales históricos referidos a momentos de tensión y transculturización, definidos por Llaneza (1997) como “olas de cambios”. La “primera ola de cambios”, iniciada con la conquista europea y la consecutiva colonización dela Américadel Sur a finales del siglo XV. La “segunda ola de cambios” que se inicia con la creación de las Repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, basado en los complejos procesos que vivieron las poblaciones criollas con las guerras de independencia, la abolición de la esclavitud, los procesos ligados a la expansión capitalista y la consolidación de los Estados nacionales. Ya para el siglo XX e inicios del XXI, asistimos al desarrollo de la “tercera ola de cambios” potenciado por el avance del proceso de globalización que ha insertado a las poblaciones indígenas de lleno en la dinámica transnacional.

No hay duda que las dos primeras “olas de cambios” no produjeron los cambios que hoy se observan, pues, el mundo indígena americano ha tenido más cambios en los últimos veinte años que en los cinco siglos anteriores (Gasparini y Margolies, 1986). Es evidente pues, que las estrategias asumidas por las naciones indígenas en cada uno de estos procesos históricos, determinaron unas respuestas particulares de resistencia ante la dominación de los blancos europeos, en primer lugar, y blancos criollos posteriormente.

Bonfil Batalla (2000), define las formas de asumir estos complejos procesos de resistencia y apropiación como “control cultural”, donde se establece que las interrelaciones con las sociedades criollas y los procesos posteriores de asimilación de ciertos aspectos culturales del otro diferente. En ese sentido, debe tenerse presente, que las culturas indígenas no se encuentran en un estado totalmente puro, más bien, en todo su devenir histórico han expresado una particular habilidad para asumir cambios, y a reacomodar sus valores e intereses en los momentos coyunturales que les ha tocado asumir.

Las acciones de resistencia por parte de los pueblos indígenas latinoamericanos, se pusieron de manifiesto en estos procesos durante cinco siglos, lo cual podrían considerarse per se en políticas, que si bien responden a actitudes de resistencia, en la contemporaneidad llevan implícitos otros principios reconocidos simbólicamente y desde sus propias cosmogonías por las sociedades indígenas, políticas que han sido exitosas ante los procesos avasallantes de anulación de sus particularidades.Se considerarán como políticas, aquellas instrumentadas en base al sistema gubernamental de las sociedades dominantes, ya sea para la sociedad en general o específicamente para los indígenas que llevaban implícitas la solución de problemáticas, y aquellas que inconscientemente fueron puestas en práctica por las poblaciones indígenas en su resistencia ante el sistema imperante como: la revuelta armada activa, el repliegue en zonas de refugio y la aceptación de formas culturales ajenas (Amodio, 2007).

Estas formas particulares de políticas consuetudinarias, fueron una constante en todos los siglos de dominación, y respondían a las formas compulsivas de los gobiernos coloniales de “integrarlos al desarrollo nacional”. De ahí que se entiendan como la formulación de una para-política, que experimentaron transformaciones durante el indigenismo en la segunda mitad del siglo XX. Este movimiento indigenista, pretendió darle un vuelco al tratamiento de la cuestión indígena por parte de los Estados-naciones en nuestro contexto, si bien, se lograron avances significativos en materia de reconocimiento de particularidades étnicas y de derechos humanos, la visión con la que se buscaba reivindicar a los indígenas no pasó de ser más que una nueva forma de asimilación a las sociedades dominantes, y una forma avanzada de racismo y etnocidio, que catalizó en líneas generales una visión occidentalizada puesta en práctica por los propios indígenas que habían empezado a organizarse en movimientos sociales.

En Venezuela en el alba del tercer milenio, si bien, los pueblos indígenas se han visto favorecidos jurídicamente desde el punto de vista del respeto de sus derechos humanos y sus particularidades culturales, están más propensos a ser asimilados por las sociedades dominantes por la rapidez y la violencia con que se suceden los cambios hacia el interior de sus sistemas culturales. Ante las amenazas latentes de reducción cultural por la exposición a ideologías y discursos políticos insertos a sistemas culturales distintos y procesos asimiladores neopaternalistas, no hay duda que se está ante un cambio de paradigma, en relación al tratamiento dado a los indígenas desde el Estado, buscando un rescate de las particularidades étnicas y las diferenciaciones culturales en las políticas públicas.

Este proceso de rescate debe comenzar con el reconocimiento del indígena como actor y sujeto social en la definición de la nueva República (Amodio, 2007), fundamentalmente basado en la toma de conciencia de la existencia de una otredad, disímil, diferente, diversa y en constante cambio. El manejo de este paradigma, en la actualidad, que si bien no excluye al indígena del desarrollo local del Estado, busca un reacomodo de sus valores culturales en los contextos nacional, regional y local.

En varios países latinoamericanos como Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela -en estos países han sido nombrados Ministros para conducir las políticas indígenas: Lourdes Tiban en Ecuador, Margarita Mbwangi en Paraguay, Tomasa Yarhui Jacome en Bolivia, y Nicia Maldonado en Venezuela-; en ese sentido, se ha logrado un avance importante en la construcción de políticas públicas  para los indígenas, que si bien están en un proceso inicial de formulación e implementación, requiere de tiempo para observar y analizar sus efectos en los ámbitos tradicionales y urbanos. Se trata pues, de una visión de desarrollo que considera las particularidades de cada pueblo, desde una visión del etnodesarrollo; de ahí que toma fuerza la filosofía de la interculturalidad bajo un enfoque de transversalidad de las políticas indígenas, partiendo del conjunto de políticas públicas formuladas para la población en general. Las estrategias para privilegiar los referentes indígenas en las políticas del Estado, deben definirse a través de la transversalización en cada una de las políticas genéricas, que conlleve la consideración de derechos y deberes en todos los ámbitos de actuación.

No se trata de desvincular a los pueblos indígenas del Estado que les da asiento, por cuanto también forman parte de los actores no estatales (Aguilar y Bustillos, 2007:13), sino más bien construir las condiciones para que la diversidad de pueblos se puedan desarrollar siguiendo sus propias formas tradicionales de vida. Esto debe entenderse en el sentido que, las políticas públicas deben ser construidas desde una relación Estado-beneficiarios, privilegiando por supuesto, la participación de las comunidades en la concreción de las acciones.

Debe dispensarse una nueva relación de los actores sociales, asumiendo a los indígenas como tal, pues es una realidad, que han elaborado estrategias y tácticas específicas según el momento histórico que les ha tocado vivir. El reto es romper la visión de considerarlo como objeto de planificación, lo que implicaría consultarles todos los asuntos que les afecta directamente (Clarac, 2001:345), y que sean ellos mismos los responsables de aportar soluciones acordes a sus realidades culturales y particulares cosmogonías. Una clara tendencia que subconscientemente ha permitido a estas sociedades mantenerse vigentes en la contemporaneidad, y vigorizar sus sistemas socioculturales ante la sociedad dominante.

UN MODELO DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONALES

Para comprender la expresión del hábitat de los indígenas, aquel instrumentado desde el Estado e implementado por las diversas instituciones competentes en la materia, además las actitudes y actuaciones enmarcadas en determinados paradigmas materializados en la ejecución de políticas de viviendas en las poblaciones amerindias, es necesario contextualizarlas en los momentos históricos de cambio que viven las sociedades latinoamericanas. Esta consideración pone de relieve que, no solo es la visión del planificador la que debe prevalecer en la formulación de las políticas públicas, sino que también las mismas sociedades indígenas, a través de sus propios sistemas de participación y consulta emprendan la construcción de sus propias políticas.

Se parte de la definición de política pública indígena como una forma de ejercicio de los derechos ciudadanos, incluyendo aquellos no reconocidos en el ámbito interno de estas sociedades, es decir, aquellos plasmados en las legislaciones internacionales. Algunos principios fundamentales deben dar forma a la implementación del derecho a una vivienda adecuada, si se pretende que este derecho sea efectivo en su totalidad y con igualdad para los pueblos indígenas (UN-HABITAT, 2009:45-46)

La materialización del ejercicio de estos derechos se resume en el derecho madre: la libre determinación, que representa la preservación de los valores culturales en la medida en que puedan desarrollarse mediante sus formas tradicionales, sin que las “olas de cambio” globalizantes los transculturice (Aguilar y Bustillos, 2007:13,26). De aquí se asume entonces, que en la instrumentación de las políticas públicas, serán los propios indígenas en su libre albedrío, los que definirán las acciones a seguir para resolver los problemas en sus propias comunidades.

Este derecho queda normado desde su vertiente interna, ya que reconoce la autonomía en el sentido de las autogestión de sus tierras ancestrales, lo que determina que los pueblos indígenas deben continuar con sus modos de vida tradicionales sin injerencia externa (Aguilar y Bustillos, 2007:26); lo que no significa que los indígenas se deslastren de sus interrelaciones con los otros grupos sociales y sus deberes nacionales, como en una especie de secesión, sino que bajo la facilitación del Estado, resuelvan sus problemáticas. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos en su sección Políticas de Viviendas, presenta el documento de UN-HABITAT (2009:45-46) sobre la cuestión indígena donde establece en referencia al derecho a la libre determinación, que es esencial para la supervivencia, bienestar y dignidad de los pueblos indígenas.

“Promover este derecho ayudará de tres maneras: corregir errores históricos; preservar las culturas, tradiciones e identidad; y mejorar el estatus socio-económico de los pueblos indígenas. Dicha promoción es también un elemento esencial para el cumplimiento de otros derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada. La promoción del derecho de autogobierno es de importancia crítica en el ámbito de la vivienda. Esto incluye reconocimiento de costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de tierra indígenas, y el derecho a determinar y desarrollar prioridades y estrategias con respecto a ejercer su derecho al desarrollo, -incluyendo la vivienda- y otras áreas socio-económicas. También es importante la participación total y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones en los que se vean impactados” (UN-HABITAT, 2009:45-46).

En ese orden de ideas, es preciso acotar la importancia de la participación en los procesos de toma de decisiones; los gobiernos deben asegurar que los pueblos indígenas participen como colaboradores en igualdad de condiciones en los procesos de toma de decisiones relacionados con la vivienda y en conexión con todos los asuntos de importancia o que pueden afectarles.

“Esto incluye el desarrollo e implementación de cualquier legislación, políticas o programas que puedan tener un impacto sobre sus condiciones de vivienda. La participación y consulta a los pueblos indígenas deberá seguir los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La experiencia ha demostrado que los programas y proyectos de vivienda más exitosos con frecuencia, han sido aquellos en los que de manera significativa y diversa se ha involucrado a los pueblos indígenas” (UN-HABITAT, 2009:45-46).

Estas iniciativas deben ser incluyentes y relacionarse con las áreas tales como: políticas programadas de viviendas, negociaciones, decisiones relacionadas al desarrollo de proyectos que afectarán a los pueblos indígenas. De ahí que las voces indígenas sean escuchadas y las demandas y quejas deben considerarse en la toma de decisiones priorizando desarrollo y asignación de recursos (UN-HABITAT, 2009:45-46). Otro aspecto a considerar de manera fundamental, es la no discriminación y la igualdad, aquí es necesario definir la atención a las necesidades con total protección y garantías de las mujeres indígenas, personas con discapacidad, ancianos, minorías sexuales, jóvenes y niños.

“Los principios de no discriminación e igualdad sólo serán significativos para los individuos y pueblos indígenas si son interpretados e implementados a través de políticas y programas de forma tal, que sus experiencias de desventaja estructural e injusticia histórica sean resueltos. Para determinar si las leyes y políticas resuelven las condiciones desiguales soportadas por individuos indígenas y personas con respecto a los derechos de vivienda y tierra, los gobiernos deben evaluar las leyes, políticas y programas en términos de sus efectos” (UN-HABITAT, 2009:46-47).

Para una efectividad en la aplicación de políticas públicas en materia de indígena, los Estado deben garantizar la aplicación del principio de no discriminación y el ejercicio igualitario y goce de los derechos de vivienda por las mujeres y hombres indígenas, a través de las constituciones nacionales y otras legislaciones y el derecho consuetudinario indígena en la implementación de políticas y programas (UN-HABITAT, 2009:46-47).

Otra forma de análisis es la que establece que la política pública tiene un carácter estratégico, por lo tanto, puede ser construida de arriba hacia abajo, pero también puede ser construida de abajo hacia arriba (Aguilar y Bustillos, 2007:13,26). En ese sentido, en la vertiente arriba hacia abajo, el mecanismo para la concreción de las políticas públicas indígenas debería ser definido y materializado por medio de dos instancias. En primer lugar, las organizaciones indígenas venezolanas como entes coordinadores, instrumentadores, validadores y los responsables de presupuestar las iniciativas. En segundo lugar, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI) será el vaso comunicante o punto de contacto entre la base indígenas y las propuestas del Estado nacional (Aguilar y Bustillos, 2007:13-14).

En ese sentido, debe observarse una interrelación entre la base indígena, las organizaciones indígenas y el MINPPPI que facilite los procesos de toma de decisiones bajo políticas de ética bidireccional. Es de importancia exponer que hace tres años atrás no existía un ente rector, que articulara las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, lo que evidenció en toda la historia republicana, la incoherencia  de las políticas públicas del Estado para asumir la cuestión indígena, tal como se demostrará más adelante.

La otra vertiente (de abajo hacia arriba), implica que es en la base indígena, donde se ejercerán los derechos indígenas fundamentada en la diversidad cultural. Esto es, que la base indígena es el espacio de concreción y definición de las políticas públicas en general, y donde se articularán las políticas sectoriales de arriba hacia abajo (Aguilar y Bustillos, 2007:14). A partir de la planificación y la consulta permanente en las asambleas indígenas, se deben tomar las directrices para el diseño de las políticas públicas indígenas que apunten a resolver las problemáticas de las comunidades sin menoscabo de las tradiciones ancestrales, siguiendo lo establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Son estos espacios donde se viabilizará la instrumentación de las políticas públicas y su pertinencia en las formas de aplicación, que conlleve una praxis de la trasversalización en todas las instancias de Gobierno.

A MANERA DE CIERRE

Desde mediados del siglo XX, el Estado venezolano ha iniciado no muy pocas políticas dirigidas a las poblaciones indígenas asentadas muchas de ellas en sus territorios ancestrales y otras en las áreas urbanas. Hoy día, aunado a la ausencia de estudios en el área, estas políticas genéricas aplicadas no se deslindan de las aplicadas a la población venezolana en general durante los siglos de la Venezuela colonial y republicana. Fue un panorama en el que las Constituciones venezolanas no reconocían la diferenciación de los pueblos indígenas, además marcó una profunda discriminación hacia esta parte de la sociedad por se considerados pobres, irracionales y menores de edad.

En la contemporaneidad se hace necesario realizar una revisión a la búsqueda de un hábitat digno y en consecuencia de la construcción de una noción de vivienda muchísimo más humana, que lleve implícitas las aspiraciones y deseos de alcanzar un grado de calidad de vida que se compagine con los factores socioculturales de las sociedades para las cuales se conciben los programas de viviendas.

El enfoque pues, desde la práctica de la Arquitectura y la Antropológica se hace en este caso pertinente, al abordar los problemas que en materia de vivienda presentan las sociedades indígenas de hoy día de una manera integral por parte del arquitecto, y no sólo basado en condicionantes ambientales y físico-construidas sino ir más allá, hasta el conocimiento pleno de los aspectos socioculturales de las sociedades sobre las que se interviene.

Al parecer se está ante una situación coyuntural, una especie de boom supeditado por las legislaciones indigenistas aprobadas por el Poder Legislativo venezolano en los últimos años, cosa que es buena e inédita en el panorama social del país, pero que será un esfuerzo perdido si no se acompaña con la realización de estudios serios sobre la materia, una preocupación sensata sobre el destino del espectro total de las comunidades indígenas, es aquí donde se aprecia de grosso modo el aporte de este trabajo en el ámbito de la gestión habitacional: un primer paso para conocer y diferenciar las dinámicas socioculturales de estas poblaciones en el contexto de las ciudades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar, Vladimir y Bustillos, Linda (2007). “Transversalización de la política (pública) para pueblos indígenas. Hacia una definición del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela”. Colección Bartolomé de las Casas. Universidad de los Andes. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI). Mérida.

Amodio, Emanuele (2007). “La república indígena. Pueblos indígenas y perspectivas políticas en Venezuela”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales v.13 n.3 Caracas (dic).

Bonfil Batalla, Guillermo (1989). “La teoría de control cultural en el estudio de los procesos étnicos”. En: anuario antropológico. Nº 86, UNB, Editora Universidad de Brasilia. Tempo Brasileiro. Identidad de Etnia. Construcao e género. Parentesco Crítica.

Clarac, Jacqueline (2001). “Análisis de las actitudes de políticos criollos e indígenas en Venezuela (De los años 60 hasta el 2001)”. Boletín Antropológico. Año 20, Vol III, Nº 53, Septiembre-Diciembre 2001, ISSN: 1325-2610. Universidad de Los Andes. Mérida. pp. 335-372.

Gasparini, Graziano y Margolies, Luise (1986). “Arquitectura popular de Venezuela”. Editorial Armitano. Caracas, Venezuela.

Llaneza, Leopoldo (1997). “Los wayuu en el contexto de la inserción transnacional”. Ponencia: Respuestas de los Pueblos Amerindios a las Políticas de Globalización del Área de Antropología del VI Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, 29-30 sep y 1 octubre 1997, Universidad Complutense de Madrid. http://www.ucm.es/info/cecal/encuentr/areas/antropol/4a/llaneza

UN-HÁBITAT (2009). “Vivienda para pueblos indígenas en ciudades. Guía de políticas de viviendas para pueblos indígenas en ciudades”. Mayo de 2009. Serie: Guía de políticas urbanas para pueblos indígenas. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos UN-HABITAT. HS/ISBN. Coordinación General: Mónica Quintana Molina. Coordinación Técnica: Mónica Rhon.

Autor: Alonso José Morillo Arapé

Arquitecto, Magíster Scientiarum en Vivienda

La Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

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